La ciudad tendrá que pagar, no obstante, la friolera de 85.000 euros a la sociedad por los derechos derivados de conciertos y otros conceptos, una cifra que José Suárez Arias-Cachero, concejal de Fiestas, califica de “escandalosa” y que ha sido, precisamente, el detonante de la ‘objeción de copyright’ del consistorio asturiano.
Ni que decir tiene que si todos los ayuntamientos y resto de corporaciones locales siguieran el ejemplo, así sea sólo con la megafonía, otros gallos comenzarían a cantar en el impresentable panorama de los derechos de autor en nuestro país.
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